Una presunta red de corrupción administrativa que operaba entre militares, civiles y funcionarios públicos habría facilitado que la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) obtuviera millonarios contratos en distintas entidades estatales, a cambio del pago sistemático de sobornos que ascienden a RD$108 millones, según consta en la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público.
De acuerdo con las investigaciones, los pagos ilícitos fueron dirigidos a empleados y autoridades del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como de las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edesur y Edeeste.
“El objetivo era garantizar la adjudicación y ejecución sin obstáculos de contratos de servicios de seguridad”, sostiene el documento de más de 400 páginas, el cual detalla cómo se estructuró la red para manipular todos los niveles del proceso de contratación, desde los términos de referencia hasta la supervisión de servicios prestados.
Las autoridades aseguran que entre 2012 y principios de 2025, Senase habría entregado pagos equivalentes entre un 5 % y 10 % del valor de cada factura estatal como “comisión” para mantener los contratos. Estos pagos se realizaban mediante transferencias bancarias y efectivo, según los hallazgos de las transacciones financieras analizadas.
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó este jueves la fortaleza de la investigación que culminó en la puesta en marcha de la Operación Lobo.
El Ministerio Público sustentó con más de 500 elementos probatorios, los cuales sirven de base a la solicitud de prisión preventiva por 18 meses, como medida de coerción, para diez militares y civiles involucrados en el entramado corrupto enfrentado por la citada operación, indicó Ortiz, quien forma parte del equipo de fiscales que participó en la primera audiencia del conocimiento de la medida de coerción y que estuvo liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
“Todos (los abogados de los imputados) han requerido el otorgamiento de plazos para estudiar el escrito de medida de coerción que ha presentado el Ministerio Público que consta aproximadamente de 450 páginas y más de 500 elementos de pruebas, entre pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales”, dijo Ortiz, al responder a los periodistas que abordaron al equipo de fiscales al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Respondiendo a esa solicitud, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo lunes 14 de julio, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la medida coerción.